El demencial asesinato de Jimena Salas – el 27 de enero de 2017 – volverá a ser investigado. Se creó una nueva Unidad Fiscal. Dudas y optimismo. Los asesinos serían dos jóvenes salteños.
Por Dario Illanes
“Resulta indispensable dar continuidad a la investigación del caso, estableciendo que la representación del Ministerio Público Fiscal se ejerza por magistrados diferentes a los que hasta ahora intervinieron”. Así dice la resolución 1328, firmada por el procurador Pedro García Castiella. Por esta se crea “una nueva Unidad Fiscal para intervenir en el Legajo de Investigación Nº 67/2019”
Cabe pensar las posibilidades de que, con un enfoque distinto, la investigación permita hallar a los dos asesinos. También que sólo se trata de un anuncio público “para la tribuna”, pues luego de cinco años no hay nada para investigar. Hay quienes dicen que es otra expresión de los cambios realizados por el nuevo jefe de los investigadores judiciales, para “borrar” todo vestigio de la gestión del ex titular de la Procuración Abel Cornejo (hoy ministro de Seguridad y Justicia) Más optimistas, algunos “sabuesos” policiales, imbuidos en el caso, albergan prudentes esperanzas de que con la reapertura investigativa, sea posible resolver el impune crimen.
“Pese a todo lo que se hizo mal, existen elementos para retomar la investigación. Están los ADN, un llavero del club Gimnasia y Tiro de Salta, identikits”, sostuvo una fuente a Norte Social. En el mismo sentido, otro investigador de la Policía consideró clave convocar a los policías que hicieron las primeras averiguaciones, desde el mediodía del 27 de enero de 2017.
“Si o si hay que reelaborar el perfil victimológico (en referencia a Jimena Salas), como los perfiles criminales, y afinar las hipótesis”, describió. “Hay una persona, muy cercana a la mujer, que en un comienzo quiso aportar información sensible. Pero el primer fiscal descartó su testimonio. Años después, los nuevos fiscales lo llamaron, pero él optó por decir poco y nada”, apuntó.
Lo perdido
Poco antes de las dos de la tarde del 27 de enero de 2017, en el living de su casa de Vaqueros y delante de sus dos hijas mellizas de 3 años, Jimena Salas (44 años) fue masacrada mediante 57 puñaladas.
Sobre dantescos charcos de sangre la encontró su esposo Nicolás Cajal, quien regresaba de su trabajo como gerente en la empresa Garbarino. Las niñas estaban encerradas en el baño. Según el hombre, en la vivienda no faltaba nada.
Ante un asesinato, el “ABC” criminalístico señala el obligatorio resguardo de la escena del crimen, como el secuestro de todo lo que se encuentre cercano y la demora de los presentes. Poco de esto hizo el entonces fiscal Pablo Paz.
Según las fuentes, la conducta procesal del funcionario causó sorpresa y desagrado en algunos experimentados policías participantes.
En una investigación criminal, las acciones policiales y judiciales durante las primeras 24 horas son determinantes. Paradójicamente, el fiscal no ordenó la incomunicación o detención de Cajal. Tampoco el secuestro de sus pertenencias, ropas, automóvil, teléfonos y llaves. Otra imprescindible orden que no se dio fue la de realizar el operativo cerrojo, y de tal modo evitar la huida de los asesinos. Lo cual ocurrió. La directiva que si efectúo Paz fue la de entregar prematuramente el cadáver de Jimena a su ex pareja. Para incinerarlo.
DEGOLLADA
Nueve de las heridas mortales fueron en el cuello. Jimena Salas se defendió hasta último momento. Su cadáver se encontraba en un baño de sangre. Las huellas sanguinolentas iban desde el living hacia el placard en el dormitorio.
PRUEBAS FALSAS
Una hipótesis no descartada es que el asesinato de Jimena Salas se trató de una ejecución prolijamente planeada. Producto de una organización criminal. Provista de ideólogos, sicarios, cómplices pesados y descartables. Capaz de sembrar pistas falsas y sepultar pruebas. Todo por mucho dinero.
FEMICIDIO Y DERECHOS HUMANOS
La nueva Unidad Fiscal estará integrada por la fiscala de Femicidios, Mónica Susana Poma; el fiscal Graves Atentados a las Personas (UGAP), Leandro Flores y el fiscal de Derechos Humanos, Gabriel Alejandro González
ABSUELTOS
El 26 de mayo de 2021, el viudo Nicolás Cajal y Sergio Vargas fueron declarados inocentes por el homicidio de Jimena Salas. El tribunal (Francisco Mascarello, Federico Diez y Javier Armiñana Dohorman) dictó las absoluciones “in dubio pro reo” (las dudas que favorecen al acusado).
Los fiscales penales Ana Inés Salinas, Gustavo Torres Rubelt y Ramiro Ramos Ossorio habían pedido para el peón Sergio Vargas doce años de prisión, como partícipe secundario del delito de homicidio calificado por ensañamiento, alevosía, criminis causa y femicidio. Y cinco años y seis meses para el viudo Nicolás Federico Cajal Gauffín, por encubrimiento agravado.
La sentencia dispuso enviar el expediente al Ministerio Público Fiscal de la Nación, por supuesto delito federal. La fiscalía recurrió el fallo, que rechazó la Corte de Justicia de Salta.