Si la cocaína que llevaba la mujer de la Policía bonaerense llegaba a destino, hubieran significado ganancias de 250/330 millones de pesos. Quedó expuesta la vinculación de las organizaciones narcocriminales con las fuerzas de seguridad.
De no haber explotado el tanque de GNC en Orán, Sofía Chaparro – la sargento de la Policía de Buenos Aires – hubiera llegado sin problemas a La Matanza con más de 20 kilos de cocaína pura. Allí, “rebajada”, se convertirían en alrededor de 33 mil dosis de la droga. Las ventas rondarían 330 millones de pesos.
La joven policía – madre de tres niños, que viajaban en el auto que estalló – trabaja en la comisaría Séptima, de Villa Celina, partido de La Matanza. Se encontraba de licencia por enfermedad.
La Matanza tiene más de dos millones de habitantes, y en la ciudad de Villa Celina viven alrededor de 300 mil personas. Limita al norte con la avenida General Paz, que separa la provincia de la Ciudad de Buenos Aires. A poco menos de tres kilómetros de la Plaza de Mayo.
Sofía Chaparro, extraoficialmente – habría asegurado que desconocía la existencia de droga en el automóvil que conducía. Ante las autoridades judiciales guardó silencio. Está detenida en el Escuadrón 20 de la Gendarmería Nacional, en Orán.
La mujer está acusada del delito de “transporte de estupefaciente, agravado por la calidad de funcionario público” De acuerdo a los artículos 5 y 11 de la Ley 23.737, la pena es de 8 a 20 años de prisión.
Empero, debe probarse que la policía era consciente de que transportada cocaína. Según la obra “Estupefacientes”, del exjuez federal salteño Miguel Antonio Medina, “el transporte que reprime la ley 23.737 es el que constituye una etapa dentro de la cadena de la comercialización que se materializa entre la producción y la distribución. Quien lo ejecuta es un intermediario…”
Escándalo
Fuera de la situación penal de Sofía Chaparro, la cuestión excede el caso individual y remite directamente a la relación entre el narcotráfico; las organizaciones criminales internacionales, nacionales y provinciales; y las fuerzas de seguridad. En este caso, la Policía bonaerense.
En noviembre del año pasado fueron detenidos seis policías de Buenos Aires: un comisario, un oficial ayudante y un grupo operativo de la Delegación Narcotráfico. Recibían 1.600.000 pesos mensuales por brindar protección a una banda de narcotraficantes, garantizar desde la fuerza el monopolio de ventas; y de iniciarle causas penales a organizaciones rivales.
La cocaína en el auto de Chaparro hace sospechar de una logística similar. O sea, corruptas, criminales complicidades entre narcos y policías.
Rápido de reflejos, el intendente de Orán, Baltasar Lara Gros, pidió al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que intervenga e investigue en el caso. “Instamos al Gobernador Axel Kicillof a llevar a cabo las investigaciones pertinentes y colaborar con la Provincia de Salta en la investigación para determinar la procedencia de la droga y su destino final”, apuntó el comunicado.
Esto es: su trazabilidad (origen y destino), participantes, mercado. Más allá de las intenciones políticas, lo saludable sería que las autoridades ejecutivas y judiciales confluyan en alumbrar, neutralizar, extirpar los sórdidos vericuetos del narcotráfico, entre Salta y Buenos Aires.
LA “SOLDADO”
En la jerga narco, generalmente, se llaman “transas” a los receptores y distribuidores en el destino de la droga. “Soldados” son los encargados del transporte. Y “volteadores” a quienes garantizan, protegen el negocio y eliminan la competencia. Las organizaciones criminales necesitan soldados y volteadores. Entonces, corrompen a policías y efectivos de seguridad.
LA EXPLOSIÓN
La sargento Sofía Chaparro, conduciendo un Ford Fiesta arribó el jueves 8 de febrero a la estación de servicio Géminis, de la ciudad de Orán. En el vehículo viajaban sus tres niños. La mujer de 36 años pidió al playero que le cargue sólo $ 1500 de gas. En pleno proceso de carga, el tanque de GNC explotó. Además de la destrucción del auto, el aire se pobló de acre polvo blanco.
INTERROGANTES
Una versión señala que Chaparro ingresó la droga desde Bolivia, contando con ayuda de un familiar gendarme. ¿Quién pagó el costo de la cocaína (US$ 80.000)? ¿Quién la recibe en Buenos Aires?