Desde el 27 de enero de 2017 se perdieron (¿torpeza, mala intención?) preciosos tiempos y valiosas pruebas. La rectificación del rumbo investigativo alumbró oscuridades, señaló cercanos sospechosos, pero poco pudo hacerse con lo perdido.
Por Dario Alberto Illanes
Cincuenta y siete puñaladas sobre su pequeño cuerpo. La saña y alevosía ejecutada contra Jimena Salas parecían señalar el antiguo concepto de “crimen pasional”, o la acción de sicópatas o drogados. Empero, ridículamente, el fiscal Pablo Paz apuntó a un robo frustrado. Usando – los ladrones/asesinos – el pretendido ardid de mostrarle a Jimena un cachorro caniche supuestamente extraviado.
Este fue el argumento del viudo Nicolás Cajal al funcionario judicial. Quien avaló.
“Su estado (por Cajal) era sereno, predispuesto y atento a los detalles solicitados, haciendo siempre hincapié en que su concubina (Salas) habría sido atacada por un ladrón”, sostuvo la tardía imputación por encubrimiento agravado en perjuicio del hombre. En enero de 2017, éste no fue incomunicado ni detenido –procedimiento rutinario – por parte del entonces fiscal interviniente.
Nicolás Cajal se comunicó mediante celular con Jimena Salas a las 13.15 del 27 de enero de 2017. Ella le dijo que estaba en su casa de Vaqueros junto a sus hijas mellizas de tres años. A las 13.45, Cajal dijo que encontró a su esposa asesinada y a las pequeñas encerradas en un baño de la casa. En media hora se consumó uno de las peores masacres en Salta.
Tiempo y pruebas perdidas
En una investigación criminal, las acciones policiales y judiciales durante las primeras 24 horas son determinantes. Paradójicamente, el fiscal Pablo Paz, no ordenó la incomunicación o detención de Cajal. Tampoco el secuestro de sus pertenencias, ropas, automóvil, teléfonos y llaves. Otra imprescindible orden que no se dio fue la de realizar el operativo cerrojo, y de tal modo evitar la huida de los asesinos materiales. Lo cual ocurrió. La directiva que si efectúo Paz fue la de entregar prematuramente el cadáver de Jimena a su ex pareja. Para incinerarlo.
Jimena Salas, de 44 años, era una mujer culta, tímida, discreta y lejana a relaciones o situaciones de riesgo. Sus inclinaciones artísticas la llevaron a la escritura amateur. Participaba de un taller literario dirigido por un reconocido escritor local.
Tras el fatal hallazgo, el viudo habría llamado a una de sus amantes y a dos altos ejecutivos de la empresa Garbarino, de Buenos Aires y Neuquén. También consiguió por parte de su supuesto amigo fiscal la autorización para cobrar el seguro de vida de Jimena (por casi un millón de pesos, en La Caja) Y el permiso para cremar a Jimena. No habían transcurrido ni 30 horas.
Asimismo habría ocultado a la justicia informar acerca de la existencia del maletín con dinero y drogas. Con el cadáver prematuramente entregado por el fiscal para la incineración, descartado operativo cerrojo, escena del crimen cuasi violada, medidas criminalísticas pasadas por alto, los investigadores disponían de poco y nada para establecer hipótesis y perfiles. Dos malogrados identikits, nombrados como “Hombre 1” y “Hombre 2”, se divulgaron entonces. Patéticos manotazos de la malograda investigación inicial.
Dos años después
“Sin pruebas, el orden jurídico sucumbe a la impunidad”, sostuvo Luis Vicente Varela (conocido con el seudónimo de Raúl Waleis) jurista, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia y escritor, precursor de la novela policial.
En mayo de 2019, el recién nombrado procurador Abel Cornejo reemplazó a los fiscales Pablo Paz y Rodrigo González Miralpeix. Puso al frente de la investigación a sus pares Ana Inés Salinas Odorisio y Gustavo Torres Rubelt. Ellos colocaron como principal hipótesis del brutal homicidio el resultado (¿colateral, premeditado?) de la búsqueda en la casa de Vaqueros de un maletín con plata y drogas.
La peor de las sospechas fue que el asesinato apenas se trató de “plantar” pistas equívocas. Alimentando la impunidad.
(Continúa jueves 27 de enero)