Con la detención de un comisario, una comisaria y otro oficial principal, llegan a cinco los efectivos apresados. Hay quince detenidos por las estafas multimillonarias cometidas por “Ríos y Asociados”. Incertidumbre y angustia de los inversores.
“Los efectivos policiales saben que el sistema Ponzi es fraudulento e ilegal; entonces, los policías que fueron inversores son víctimas, pero también participantes del delito”, sostuvo a Punto Uno el comisario general ® Vicente Cordeyro.
La apreciación del veterano jefe policial, investigador, licenciado en Seguridad, docente universitario y de la Escuela de Cadetes adquiere relevancia, tanto para intentar comprender la multimillonaria dimensión de las estafas, como la aparente corrupción en integrantes de la fuerza. Vale la frase del escritor británico C. S. Lewis, autor de Las Crónicas de Narnia: “La integridad está en hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando”
Por lo pronto, la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio pidió y obtuvo del juzgado, el jueves 7 de abril, la detención de un comisario y una comisaria (probablemente con apellidos Nieva y Espinoza) y un oficial principal (sería Giménez). Estos se encontraban a cargo de las divisiones “Robos y Hurtos”, y “Cobranzas Adicionales”
El jueves pasado se hicieron ocho allanamientos. Asimismo, fueron citados a audiencia de imputación otros tres oficiales y un suboficial. Hasta el momento son quince las personas detenidas, de los cuales cinco son efectivos policiales. Y podrían llegar a nueve. Los cuatro nuevos sospechosos son integrantes de “Robos y Hurtos”.
El escándalo se torna mayor con la sospecha fiscal de que la dependencia “Cobranzas Adicionales” (encargada del cobro de adicionales de la Policía de Provincia, por ejemplo boliches, espectáculos, partidos de fútbol), haya tenido relación con las maniobras fraudulentas. Tal vez desviando fondos públicos, destinados a pagos de servicios adicionales cumplidos por efectivos, para capitalizar a la inversora.
Mafia
Como sea, la tarde del jueves 7 de abril, agentes del CIF, por orden de la Procuración, llegaron a la Jefatura de la Policía. Las autoridades policiales desmintieron que haya sido un allanamiento. Un discreto silencio por parte del Ministerio Público Fiscal.
Sin embargo, se conoció que los investigadores se habrían llevado delicada documentación, presuntamente financiera, de sensibles dependencias de la fuerza. “No fue un procedimiento de rutina, buscando datos e información del personal. Esto se puede hacer por internet. Sin hacer bombo, los del CIF hicieron un inédito procedimiento judicial en la Jefatura”, contó una fuente reservada.
Un terremoto institucional causaron los conceptos del procurador de Salta, Pedro García Castiella, cuando, el viernes 1 de abril, señaló la presunta colaboración policial en las estafas. “Algunos (efectivos) captaban incautos, otros le brindaban seguridad a la empresa, otros filtraban información y otros brindaban apoyo (a quienes estaban prófugas)”, subrayó.
García Castiella fue más allá, al aseverar: “existe la presunción de que superiores jerárquicos de la fuerza eran piezas clave en la funcionalidad de la organización” De acuerdo al jefe del Ministerio Público Fiscal, debajo de éstos, los efectivos detenidos habrían sido quienes incitaban (o presionaban) a sus colegas para “invertir”
La dramática evolución del escándalo parece darle la razón a García Castiella.
Semanas atrás, la fiscal Ana Salinas Odorisio comenzó una investigación por estafas a inversores. Generalmente la Justicia es benévola con quienes cometen estos delitos. Pese al daño material y moral que producen. Sin embargo, cual criminal “caja de Pandora” salieron a la luz maniobras delictivas millonarias.
Y peor aún: sospechas de una “mafia” conformada por policías y la inversora fraudulenta.
BOTIN DESCOMUNAL
No hay datos ciertos acerca de cuantas personas fueron estafadas por Ríos & Asociados. Se estima que serían entre más de quinientos y alrededor de cuatro mil. En una proyección, sobre un promedio de 2250 damnificados; y teniendo en cuenta que el mínimo a invertir eran $ 300 mil (hubo personas que colocaron un millón de pesos, y más), con un promedio de $ 650 mil, la inversora habría embolsado $ 1.462.500.000. Casi mil quinientos millones de pesos.
La Justicia, apenas, habría incautado alrededor de $ 50 millones.
SIN NADA
Una fuente contó a Norte Social casos de policías que vendieron sus motos (único medio de transporte) o tomaron préstamos para sumarse a la inversora estafadora. La promesa era que, colocando un mínimo de 300 mil pesos, en 30 días se obtendrían $ 600 mil. Hoy, muchos están sin dinero, a pie y endeudados.
SIGUEN LAS PROMESAS
Pese al escándalo y detenciones, entre ellas las de Cynthia Elizabeth del Valle Moya – supuesta líder – se dan dos situaciones paradójicas. Por una parte, la mayoría de las víctimas no denuncian. Y por otro lado, la inversora Ríos & Asociados asegura que devolverá el capital invertido. Tras firmar un acuerdo judicial.
Las denuncias pueden realizarse en https://www.denunciasweb.gob.ar/generica
BANDA ESTAFADORA
Las personas detenidas están acusadas de estafas y asociación ilícita (artículos 172, 173 y 210 del Código Penal) De ser halladas culpables, pueden recibir hasta diez años de prisión.