Sólo entre Salta y el puerto de Rosario, el narcotráfico es un ilegal negocio transnacional que mueve billones de pesos. Las últimas acciones judiciales y ejecutivas, ¿desalentarán a las organizaciones criminales en la frontera? ¿O apenas las obligarán a reacomodamientos estratégicos?
(IMAGEN PORTADA: LA MINISTRA BULLRICH Y EL GOBERNADOR SÁENZ EN AGUAS BLANCAS)
La localidad fronteriza de Aguas Blancas, en Salta, Argentina, tiene alrededor de cinco mil habitantes y una extensión – de norte a sur – de menos de 3 kilómetros. Del otro lado del río Bermejo se encuentra la ciudad boliviana del mismo nombre. Aproximadamente 40 mil personas viven allí, extendidas en poco más de 30 kilómetros del lado Este y paralela al curso fluvial y la ruta nacional argentina N° 50.
El anuncio de la instalación de un alambrado de doscientos metros de extensión – por parte de las autoridades salteñas – provocó críticas. Tres fuerzas federales custodian esa escasa longitud. La cerca fue comparada con el muro previsto por el presidente Donald Trump entre Estados Unidos y México.
Más allá de la desmesura comparativa, es posible que la medida posea un valor más simbólico que efectivo. Indudablemente ofrecerá dificultades para los compradores argentinos y bagayeros que de contrabando traen desde harina a heladeras desde la activa ciudad de Bolivia.
Las consecuencias inmediatas serán el encarecimiento de los productos contrabandeados. Quienes “coquean” sufrirán el aumento de la bolsita del vegetal legal para el consumo personal.
Sin embargo, con sólo evitar esos 200 metros alambrados, los contrabandistas se trasladarán dos kilómetros hacia el Sur. Zona urbanizada en Bermejo, el río es el mismo, incluso en esa zona, desde la orilla boliviana y tras superar el río, hay alrededor de 500 metros hasta la ruta nacional 50.
De hecho, quienes pasan kilos de cocaína, conocen los pasos por donde cruzar de uno a otro lado.
Ofensiva oficial
Posiblemente los capos narcos hayan fracasado con el plan de cooptar al poder político y judicial en Aguas Blancas y Orán.
Por ejemplo, con la destitución y procesamiento del exintendente Carlos Alfredo “Conejo” Martínez. Como también con el juicio político al exjuez federal Claudio Parisi. Y la detención del supuesto jefe narco Cristian “El Gringo” Palavecino. Y su presunto cómplice empresario, José Dimas Ruiz.
Las investigaciones dirigidas por el procurador general de Salta, Pedro García Castiella, le permitieron aparentes éxitos contra el crimen organizado. Como también denunciar una conspiración narco para asesinarlo.
“El Plan Güemes (implementado por el gobierno nacional, con la llegada de la Prefectura Nacional) que se inició en diciembre pasado, es una respuesta a esto que investigamos y descubrimos”, sostuvo el funcionario.
En tanto, el gobernador salteño Gustavo Sáenz aseguró: “es la primera vez en la historia que se está trabajando seriamente y en conjunto para combatir el narcotráfico”. Lo dijo en respaldo al Plan Güemes y la instalación del alambrado.
LAVADO DE DINERO
“La existencia del crimen organizado habla de negocios ilegales multimillonarios, con dinero sucio. Para combatirlo hay que apuntar al lavado de dinero; se trata de una política de seguridad integral” (Abel Cornejo, exjuez federal y procurador de Salta)
MÁS DE UN BILLÓN DE PESOS,
El kilo de cocaína en Bolivia rondaría los U$S 2500. Entra por Salta. A Rosario llegaría a diez mil dólares. Estimaciones extraoficiales mencionan que desde De la frontera al puerto se transportan 100 toneladas. Esto significaría mil millones dólares, más de un billón de pesos. La tercera parte del presupuesto 2025 de Salta.
