Trabajo legal, salud y seguridad es la contraparte de las quiebras comerciales, desocupación, enfermedad y muerte. Mientras bares, confiterías, peñas y restaurantes trabajan con todas las de la ley, garantizando ambientes saludables, se confrontan a fiestas clandestinas y locales de “after”, ilegales y focos de contagios.
En el colmo del absurdo, empresarios y trabajadores que hacen lo correcto deben competir – desigualmente – con inescrupulosos mercaderes. Los primeros deben acatar las disposiciones oficiales y ser controlados. Los otros hacen negocio con escandalosa impunidad.
Norte Social consultó al concejal de la Ciudad de Salta, Raúl Córdoba, en razón de una iniciativa suya, presentada, según sus palabras, con el objeto de proteger la vida.
- ¿De qué se trata su propuesta acerca de las fiestas clandestinas?
- Si, nos reunimos con el secretario de Seguridad Benjamín Cruz, y también pedimos desde el Concejo Deliberante para que los Diputados considere aumentar las sanciones para quienes realicen fiestas clandestinas. La multa actual llega a los 135 mil pesos, pedimos que sean 300 mil. Pero también que hacer una fiesta clandestina sea un delito, no una contravención. Que vayan presos.
- ¿Por qué?
- ¡Porque quienes las hacen demuestran un total desprecio por la vida! Mientras el Estado quiere contener la pandemia, con las vacunas, los protocolos sanitarios, hay quienes convocan a estas fiestas clandestinas. Es indudable que hay organizaciones de por medio, se cobran entradas y se venden alcohol y otras sustancias.
- O sea, son negocios repudiables, ilícitos e ilegales…
- ¡Por supuesto! No son nada inocentes. Una fiesta, por la concurrencia, puede recaudar medio millón de pesos. Entonces, muchas veces no les preocupa la multa, pues pagan y hacen otra. Por eso, lo más efectivo es que vayan en cana.
- ¿Cómo delincuentes?
- Las fiestas clandestinas están estrechamente relacionadas con la siniestralidad vial, pues quienes están alcoholizados o drogados pueden morirse o matar en sus vehículos.
VENCIMIENTO DE LA LEY
La Ley 8206 (seguridad sanitaria por la pandemia) vence a fin de abril. Por esta se restringen todas las actividades, sin distinción de rubro, desde las cero horas y la circulación desde las 1 a las 6 am. Se limitará la capacidad de los eventos sociales hasta 100 personas y las reuniones familiares y sociales hasta 10 personas.
CLANDESTINIDAD
Los empleados y propietarios gastronómicos reclaman que se les permita trabajar. Aseguran con pruebas la garantía de seguridad para clientes, debido al estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios, evitando los contagios. “Las restricciones sirven sólo para la clandestinidad, para el descontrol, y el aumento de la pandemia”, sostuvo la trabajadora de un bar.
ASFIXIADOS
Los empresarios gastronómicos, la mayoría pequeños emprendimientos, fueron de los más perjudicados durante la cuarentena del 2020. Para sobrevivir, se endeudaron. Tras la apertura, facturaron alrededor de la mitad que antes de la pandemia. Y con las restricciones impuestas por el COE, esta mitad se reduce otro 50 por ciento.