Sospechosas conductas probadas apuntan contra Nicolás Cajal, viudo de Jimena Salas, y Sergio Vargas, el supuesto “campana”, el día del femicidio. Este ocurrió el 27 de enero de 2017, en Vaqueros. Hasta el momento nada se sabe de los motivos ni de quienes asesinaron de 40 puñaladas a la mujer. De esta carencias, y críticas al Ministerio Público Fiscal, se valen los defensores.
Por Dario Illanes
Amor, infidelidad y traición; sensibilidad artística y codicia; dulzura y brutal alevosía; ternura y frío cinismo; sospechas y silencio. Aunque parezcan los elementos necesarios para un exitoso thriller, son las situaciones y sentimientos que dramáticamente se desprenderían del aún impune asesinato de Jimena Salas.
Tenía 44 años, era madre de dos hijas mellizas de tres años en aquel momento, casada con un gerente. Atractiva, tímida, culta, discreta, escritora amateur. Vivía en la fortaleza de su hogar, en el barrio San Nicolás, de Vaquero. Sin embargo, al menos dos personas entraron sin forzar nada y la asesinaron, impiadosamente, de 40 puñaladas.
La horrorosa muerte no encuadra en un homicidio para robarle. Ni en un crimen cometido por sicarios. Un crimen de esta naturaleza señalaría algún motivo pasional, con ingredientes psicópatas. Sin embargo, la ausencia de ataque íntimo hacen surgir más dudas. Testimonios de vecinas y otras pruebas apuntan contra Sergio Horacio Vargas, quien habría sido visto el día y hora del femicidio merodeando por la zona y preguntando por Jimena. Como conductas y acciones sospechosas del entonces esposo Nicolás Cajal.
Esperan que hablen
El abultado expediente por el homicidio de Jimena Salas quedó en la Sala VII del Tribunal de juicio. El titular será el juez Francisco Mascarello.
En la causa hay dos acusados: Sergio Horacio Vargas, por homicidio triplemente calificado por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por promesa remuneratoria, en calidad de partícipe secundario. Está preso desde el año pasado. Y Nicolás Federico Cajal Gauffin, pareja de la víctima, por encubrimiento agravado de homicidio triplemente calificado por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por precio o promesa remuneratoria, cometido en perjuicio de Salas.
Tanto los abogados defensores de los imputados como algunos medios – además de considerar que Vargas y Cajal son inocentes – apuntan a que las acusaciones provienen de la terquedad del titular del Ministerio Público, el Procurador Abel Cornejo. De acuerdo al representante legal del viudo (nuevamente casado) espera “que llegue el día del juicio para demostrar que no hay pruebas en contra de Cajal y dejar en evidencia las torpezas cometidas por los fiscales actuantes”
Los investigadores esperan que Vargas, Cajal o ambos, ante la posibilidad de ser condenados a pasar largos años en la cárcel, hablen.
Conductas sospechosas
La aparentemente apagada relación amorosa. La nutrida agenda extramatrimonial del viudo. El cadáver entregado doce horas después del asesinato, para ser cremado. La alarma del hogar desconectada. El cobro de un seguro de vida tras la trágica muerte. Llamadas a sus amantes, con el cadáver aún tibio. Junto a las aparentes facilidades otorgadas, desde el comienzo, por el ex fiscal Pablo Paz a Nicolás Cajal.
Sólo la defensa del viudo apunta a la ridícula hipótesis de asesinato en intento de robo. Esta dice que dos o tres ladronzuelos, con un caniche en brazos como ardid para entrar a la vivienda de la mujer, encerraron a las mellizas de 3 años, y luego de masacrarla con cuarenta y un puñaladas, se fueron sin llevarse nada. En realidad, la investigación del brutal femicidio de Jimena Salas conduciría a un crimen premeditado.
Sugestivamente, en la acusacion fiscal, se dice: “La calificación puede modificarse… en orden a la participación del imputado en otra figura penal, respecto a la autoría en la comisión del homicidio” Las otras figuras penales, en este asesinato, son la complicidad o la autoría ideológica. La pena es perpetua.
¿ZONA LIBERADA?
Un informe fiscal de Ana María Salinas, detalló en un informe al Procurador Abel Cornejo veinte falencias graves en la pesquisa iniciada el 27 de enero de 2017 por su par – separado del cargo – Pablo Paz. La mayoría de estos cuestionamientos tienen que ver con el incumplimiento de aspectos básicos de toda investigación, principalmente cuando ocurre un asesinato. Máxime si se trata de un femicidio, informado por su pareja.
PPaz no ordenó la incomunicación y detención de Cajal, como tampoco se secuestraron inmediatamente, o se entregaron con llamativa celeridad, sus pertenencias, ropas, automóvil, teléfonos y llaves. Sobretodo un sospechoso tercer manojo. Esto puede comprobarse por cuanto el viudo, con total libertad de movimientos, acciones y comunicaciones, dispuso de su auto Toyota Corolla color champagne, dominio JTO 650, hasta la noche de aquel aciago día. Otra orden que no se dio, y hubiera sido crucial, fue la de realizar el operativo cerrojo, para evitar la huida de los asesinos materiales, lo cual ocurrió. La directiva que si efectúo Paz fue la de entregar prematuramente el cadáver de Jimena a su ex pareja. Lo peor, es que éste incineró el cuerpo.
Muchas pruebas desaparecieron por esto.