La generosa tierra argentina produce alimentos para diez veces su población. Sin embargo, para el pueblo, comer es un drama cotidiano. Pobreza, inflación, trabajo en negro, insensibilidad y codicia empresaria son parte de los problemas sin resolver por los gobiernos.
Por Dario Illanes
Hubo una época en la cual, no hace mucho, al mediodía se olía y veía el humito de un asadito hecho por laburantes de la construcción. Hoy, en casa, poner carne sobre la parrilla es un lujo. Y en un restaurant, esta comida está sólo al alcance de ricos.
Es imposible dar precios indicativos pues semanalmente aumentan carne, verduras, frutas, productos de almacén. Los alimentos constituyen, para la mayoría de las familias argentinas, los principales gastos. Quienes tienen el privilegio de trabajo en blanco, hacen malabares para poner en la mesa desayuno, almuerzo, merienda y cena.
Peor la pasan trabajadores en negro, cuentapropistas o alcanzados por planes sociales, malcomen. La tragedia social diaria es que para alrededor de un tercio de la población, los comedores comunitarios son la alternativa para que los chicos o abuelos no mueran de hambre.
Esta es la descarnada realidad nacional: mientras una de cada cuatro personas come merced a la caridad, las concentradas empresas de alimentos quintuplicaron sus ganancias en 2021. Tanto el gobierno nacional como los provinciales no pueden controlar la situación. Casi la mayoría de los legisladores nada hacen para solucionar el drama nacional. Y no parece preocupar a los magistrados.
Ganadores y perdedores
Sólo para citar un dato de 2020: en azúcar, tres empresas concentran el 85% de la facturación. Estas son Ingenio El Tabacal, Ledesma y Valpafe. Estas deciden el precio. En plena recesión por la pandemia, la firma Ledesma de la familia Blaquier (ejercicio económico junio 2020/mayo 2021) tuvo utilidades netas por 5203 millones de pesos. Quintuplicó las ganancias del periodo anterior.
Por supuesto, es buenísimo que la empresa privada gane mucho dinero. Pero hace mucho ruido que sus beneficios se contrapongan con la pobreza del pueblo al que le vende. A mediados de 2020, (aproximadamente) el kilo de azúcar para el consumidor estaba $ 27. Hoy, $ 110.
“Practices of the unscrupulous money changers stand indicted in the court of public opinión” (“Las prácticas de los especuladores sin escrúpulos están acusadas en la corte de la opinión pública”) Esto no lo dijo un político socialista, sino el presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt. Enfrentó y puso en la picota a empresarios, banqueros y financistas (muchos de ellos habían financiado su llegada al poder). Y reorganizó el estado, las finanzas, la producción, el comercio, la distribución y el consumo del pueblo.
Control estatal
En la Argentina, la inflación mensual promedio supera a la de todo un año en otros países. En procura de controlarla, la administración de Alberto Fernández establecería dos mecanismos: un fideicomiso para verduras y frutas y una empresa estatal de alimentos.
En el primer caso, se trata de un convenio entre pequeños y medianos productores de productos frescos y el gobierno nacional y los provinciales que adhieran. El fideicomiso permitiría asegurar ganancias a los agricultores y ofrecer alimentos frescos a la población, sin aumentos.
En el caso de la empresa nacional de alimentos, “se activaría el rol del Estado en la planificación, regulación, control, producción, análisis de costos y comercialización de los alimentos, para no dejar el mercado en manos de las grandes corporaciones”
Dicen en el gobierno nacional: “Así como tenemos una YPF que compite en el sector hidrocarburos, una Aerolíneas Argentinas que compite en el sector aerocomercial, y así como tenemos empresas estatales y mixtas que desarrollan satélites, reactores nucleares y producen energía, ¿cómo no vamos a tener una empresa que produzca, comercialice, y desarrolle alimentos de la canasta básica frente al grave problema de la oligopolización en la Argentina?”
Los bolsillos y las mesas familiares del pueblo esperan.
ALIMENTOS ARGENTINOS
La empresa del Estado es iniciativa del senador rionegrino Martín Doñate. En el artículo 1 del proyecto dice que “tendrá por objeto realizar por cuenta propia o a través de la asociación estratégica con terceros, la producción, fabricación, fraccionamiento, distribución, comercialización e industrialización de productos alimenticios en la República Argentina”.
También establece que se propiciará “la implementación de vínculos comerciales estratégicos con pequeños y medianos productores que representen a las economías regionales de todo el país”.
Según el proyecto, las provincias tendrán, en conjunto, un 46% del capital accionario de la empresa. Además, habrá administraciones regionales en las zonas Pampeana, NEA, Patagónica, NOA y Cuyo.