“Esto no es político, sino jurídico”, dijo la fiscal Sofía Cornejo acerca de la acusación al legislador nacional de Salta. Como presunto autor intelectual de una campaña de intimidación pública.
(Foto portada: Conferencia de prensa de Sofía Cornejo, miércoles 15 de enero)
De tal modo, Emiliano Estrada se encuentra imputado de un grave delito, que contempla penas de 3 a 6 años de prisión. En el marco de un año electoral que, en el caso de Salta, ya calienta motores para la renovación de cargos legislativos en la provincia y la Nación.
La Fiscalía de Ciberdelitos de Salta lo acusó como sospechoso por intimidación pública. Estrada, por su parte, denunció el miércoles 15 de enero, por medio de una solicitada en un diario local, sufrir persecución política. “Desde 2022 he sido objeto de una persecución sin precedentes”, sostuvo. Y aseguró que intimidaron a sus amigos, presionaron a sus clientes y hasta involucraron a su familia. “Cuando creí que no podían caer más bajo, atacaron a quien más amo, mi esposa”, dijo en la solicitada.
En dicho texto, el legislador subrayó que dicha “persecución política, judicial y mediática” es “orquestada y dirigida por el gobernador Gustavo Sáenz”. Y agregó: “Es un ataque para ocultar lo que todos vemos que ocurre en la calle día a día, un ataque contra el derecho de cada uno de nosotros a decir lo que pensamos y defender lo que creemos”.
Confesiones
La semana pasada, los investigadores imputaron a la comunicadora Florencia Arias Bustamante, al especialista en comunicación política, Javier Alonso Allemand, y al experto en ciberseguridad, Juan Marco Capisano. Tanto Arias Bustamante como Allemand -los supuestos brazos ejecutores de las operaciones on line, dijeron que los contenidos falsos divulgados por las redes Tik Tok e Instagram fueron realizadas bajo órdenes de Estrada.
Bustamante habría narrado que Estrada le pidió crear cuentas en redes sociales para difamar y hostigar a políticos, empresarios, periodistas y otras figuras públicas. Entre las personas más afectadas se encuentran el gobernador Gustavo Sáenz.
Entre las acciones que admitió, mencionó la creación de tres cuentas de TikTok específicamente diseñadas para atacar a la administración provincial y su entorno: “La Casta de Sáenz” y “La Casta Salteña”. Estas plataformas se habrían utilizado para viralizar contenido en contra de las figuras públicas mencionadas.
Por su parte, Allemand, habría contado que los pedidos de los videos fueron solicitados con un guion ya estructurado donde se le brindaban además las piezas gráficas, links de videos para descargar, links de noticias, explicando que no era él el autor de esos videos sino que se limitaba a editar los mismos en base a los guiones e imágenes que le eran brindadas. Explicó que todo ese material le llegaba a través de Florencia Arias Bustamante quien trabaja para Estrada.
Describió que para la difusión de ese material se usaban 6 cuentas de Tik Tok, aunque la administración de las mismas estaba en manos de Arias Bustamante.
“INTIMIDACIÓN PÚBLICA”
De acuerdo a la fiscal Cornejo, los videos analizados “van más allá de las críticas y buscan desestabilizar, causando temor”. Debido a esto, excedían la libertad de expresión. Por sus características, de acuerdo a la fiscalía, , las calumnias e injurias y encuadrarían en el delito de “intimidación pública”
CUATRO ACUSADOS
Bajo el delito de “Intimidación Pública” son cuatro las personas imputadas: Florencia Arias Bustamante; Alonso Javier Allemand; Juan Marco Capisano y Emiliano Estrada.
