Una funcionaria del gobierno salteño aseguró que la actividad minera sólo deja beneficios. Ella y dos senadores se opusieron frontalmente a la supuesta intención de nacionalizar el litio. La diputada puneña describió un paupérrimo panorama para la población de la zona.
Hace más de 120 años con el “oro negro” (petróleo), las naciones que advirtieron el cambio cuidaron como vitalmente estratégico este recurso. En 1928, el general Enrique Mosconi, director de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), proclamó: “No queda otro camino que el monopolio del Estado, en todas las actividades de esta industria: la producción, la elaboración, el transporte y el comercio”
Mosconi enarboló la defensa del rico recurso nacional. Como cuestión de Estado. Y enfatizó: “Resulta inexplicable la existencia de ciudadanos que quieren enajenar nuestros depósitos de petróleo acordando concesiones de exploración y explotación al capital extranjero, para favorecer a éste con las crecidas ganancias que de tal actividad se obtiene, en lugar de reservar en absoluto tales beneficios para acrecentar el bienestar moral y material del pueblo argentino. Porque entregar nuestro petróleo es como entregar nuestra bandera”
Inversiones extranjeras
Ahora, el oro es blanco y se llama litio. Se trata de la energía para los próximos cien años. Este mineral, de modo creciente y sostenido, forma parte de las baterías de los celulares, computadoras, satélites y vehículos automotores. Se estima que en veinte años éste alimentará más de mil millones de transportes de personas y mercaderías.
Argentina, en Salta – junto a Jujuy y Catamarca- posee las mayores reservas mundiales del mineral. Las poderosas naciones quieren el recurso argentino. Por esto, la diputada nacional Gabriela Moisés (Jujuy) y su par Lucas Godoy (Salta), plantearon la intención de nacionalizar el litio, considerándolo recurso estratégico. Las autoridades provinciales se expresaron en contra. “Es inconstitucional, aleja las inversiones y la posibilidad de empleo”, aseguró la secretaria de Minería salteña Flavia Royon.
De modo más virulento se manifestó el senador por Capital Guillermo Durand Cornejo: “A la autonomía provincial vamos a hacerla respetar”. Y exigió “defender a este mineral con uñas y dientes”. Esteban D’Andrea, senador por Chicoana, coincidió con su par. Sostuvo que de tal modo se alejan inversiones extranjeras. “La única vacuna para la pobreza es el trabajo; que se genera con inversiones y reglas de juego claras”, fundamentó.
Para la gente
La diputada del Departamento Los Andes, Azucena Salva (presidenta de la Comisión de Minería de Diputados), contradijo en el programa radial “La Cocina Política” (FM La Patriada, 92,7), ante los periodistas Sandra Muñoz y Dario Illanes, a la secretaria Royon. Esta, en el mismo espacio, había asegurado que merced a las inversiones mineras la desocupación era casi cero en los pueblos puneños. Como también destacó los amplios beneficios que dejaban las empresas foráneas.
“No, eso no es real. Así debería ser, las contrataciones deberían ser del 70 % en el departamento. Tampoco hay formación, capacitación en la zona. Y nada se dice de la infraestructura, caminos, agua, eso que debería quedar para Salta y la gente”
Salva dijo: “Queremos que los recursos, como ahora el litio, permitan desarrollar, mejorar la calidad de vida de quienes vivimos en el departamento”. Y subrayó: “la minería debería ser inclusiva para nosotros”
¿CUÁNTO PAGAN?
De acuerdo a la Ley 8229 (2020) el pago que las mineras hacen al Estado Provincial – por la extracción de los recursos naturales de carácter no renovables – es del tres por ciento (3%) sobre el valor de “boca-mina del mineral extraído, transportado o acumulado y previo a cualquier proceso de transformación” El cálculo lo hace la empresa.