Pedro Marcilese, ex empresario de transporte de cargas, pagó para matar a Miguel de Escalada. Usó a una bonita joven casada para llevarlo a un motel y luego a un descampado, en dónde el marido lo acribilló. “Don Pedro” murió el miércoles 23 de marzo.
Por Dario Illanes
Engaño, lujuria, crimen pasional; asesinato por encargo; venganza económica; apetencias políticas; conflictos judiciales; ruina y suicidio. Todo cabe en la muerte a balazos del abogado Miguel Antonio de Escalada.
El profesional apareció baleado dentro de su auto, el 13 de junio de 1993. Su cadáver tenía balazos en la cabeza, el pecho, el abdomen y la mano. El asesinato sucedió la noche anterior, en el Camino a Colón (Cerrillos, Salta)
La viuda, Soledad Quinteros de Escalada, embarazada por entonces de su tercer hijo, comenzó a luchar para el esclarecimiento del homicidio. Esto ocurrió en noviembre de 1998, cuando el tribunal de la Cámara Primera en lo Criminal, presidido por Carlos Nieva, Jorge González Ferreyra y Guillermo Alavila condenaron a prisión perpetua a Pedro Marcilese, como autor ideológico del asesinato; a Armando Urueña, como autor material; y a su esposa Mónica Nucciarelli como principal cómplice.
El fiscal en el juicio fue Ricardo Anuch. La querella (en representación de Soledad Quinteros), Adriana Ayuso; René Gómez el abogado de Pedro Marcilese; y la abogada oficial Beatriz Renzi de Gato, representante de Armando Urueña y Mónica Nucciarelli.
Anuch amplió la acusación contra los imputados, pero sorpresivamente desistió de la acusación a Marcilese. Por esto, el fiscal fue procesado por supuesta violación de los deberes de funcionario público.
“Emoción violenta”
El defensor de Marcilese se sumó al pedido de Anuch y solicitó la absolución. En tanto, Renzi de Gato pidió la libertad del confeso asesino. Sostuvo que éste actuó “en estado de emoción violenta”, al descubrir a De Escalada junto a su esposa. Asimismo planteó la absolución de Nucciarelli, argumentando que la mujer “nunca supo” que el abogado sería asesinado.
La defensora y la querella coincidieron en un plan criminal, pergeñado por los empresarios Pedro Marcilese y Angelino Russo, y organizado por el ex policía tucumano Ricardo Leirman (entonces prófugo, condenado en 2005) Durante las audiencias, Armando Urueña relató que Marcilese tenía en la mira asesinar al hermano del gobernador Juan Carlos Romero, el director del diario El Tribuno, Roberto Eduardo Romero.
Pese a que el Ministerio público había solicitado la absolución, el tribunal condenó a Marcilese a la pena de prisión perpetua. Por considerarlo instigador del delito de homicidio agravado por alevosía y promesa remuneratoria.
“Don Pedro”, como era conocido el poderoso empresario, recibió la máxima pena el 24 de noviembre de 1998. Desde 2014, por su edad avanzada, se encontraba con prisión domiciliaria. Murió el miércoles 23 de marzo a la tarde. Nunca reconoció la acusación.
“PANICO, TERROR”
Pocos días antes de morir, Miguel de Escalada recibió en su estudio jurídico a una atractiva joven. Era la tucumana Mónica Nuccearelli, quien le pidió al abogado asesoramiento para divorciarse. El 12 de junio a la noche de 1993 ambos fueron hasta el motel Las Palmeras.
En realidad, la mujer estaba casada con Armando Ureña, quien tenía deudas con Marcilese. “Pánico, terror”, describió la defensora acerca de los sentimientos del matrimonio Urueña. Estos pues habría estado amenazado de que si no obedecían las órdenes criminales, sus hijos (uno de ellos muy enfermo) serían asesinados.
“UN CRIMEN MAFIOSO”
Uno de los periodistas que cubrió el caso De Escalada es “El Turco” Héctor Alí. “Sí, claro, fue un crimen mafioso. Con todas las características; premeditado, usando maniobras criminales”, aseguró a Norte Social.
Consultado acerca de si advirtió indicios de un crimen “político” o “pasional”, Alí sostuvo: “por supuesto, hubo protagonistas del poder, pero no tuvo que ver con eso; tampoco fue un crimen pasional, como se decía por entonces”
BISAGRA JUDICIAL
El caso “Marcilese/De Escalada” llegó a la Corte Suprema de Justicia. Esto por cuanto el fiscal no pidió pena, pero el tribunal salteño condenó. Hasta ese momento valía la doctrina sentada en el caso Tarifeño: si el fiscal no acusa, no se puede sentenciar.
A partir del caso Marcilese, si el fiscal no acusa en el plenario, se puede sentenciar porque el Tribunal condiciona su actuación a la formulación del requerimiento fiscal de elevación a juicio.