En Salta, desde 1983 hasta la fecha, no hay ningún ex funcionario de los gobiernos municipales, de la provincia, legisladores o dirigentes políticos en general condenados por hechos de corrupción. Dicho de otro modo, en la Argentina, de acuerdo a los jueces locales, Salta tiene la dirigencia más limpia del país.
Sin embargo, desde el retorno de la democracia, todos y todas fueron denunciados, incluso por hechos policiales más comunes, en ciertos casos procesados. Las denuncias recrudecen en tiempos electorales, con presentaciones en la Justicia Provincial y Federal. Empero, tras las asunciones gubernamentales, los torrentes devienen en rumorosos manantiales. Todo parece hacer sido un berrinche de chicos.
Los grandes medios locales no hablan más del tema, los expedientes se archivan hasta la prescripción. El olvido y el silencio abonan la “pax romana”
Al menos hasta ahora.
En voz baja, se habla que la multifácética alianza electoral que llevó al poder a gobernador, intendenta, intendentes, legisladores y funcionarios abunda en internas, maniobras, pases de facturas, cambio de bandos, y desempolvamiento de archivos, carpetas y expedientes.
Hasta medios chicos y periodistas, condenados al ostracismo por “la lapicera” del coordinador Administrativo de la Provincia, Nicolás Demitrópulos, encuentran la oportunidad para el recuerdo. Memoria penal, civil, comercial.
Iceberg
Los ejemplos visibles del iceberg de poder en conflicto se manifiestan en las legislaturas provinciales y municipales, otrora bastiones salvaguardas monolíticas del oficialismo.
Hoy, la la Cámara de Diputados es como un archipiélago político, como el Concejo Deliberante de la Capital y muchos del Interior. Incluso el Senado provincial parece tener su propia agenda, poco concordante con la del Ejecutivo.
Y Justicia y Procuración aparentan hacer su propio juego.
Huergo; “Topo” Ramos; caños de gas, Agrotécnica Fueguina basura están hoy en la agenda politico judicial. Hay más casos, entre ellos la presunta corrupción en la Policía.
Sergio “Topo” Ramos es un influyente miembro en el Senado de la Provincia. Supuestamente tiene alrededor de 80 causas penales económicas.
La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el juzgado de Garantías 2 la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado al exintendente de Rosario de Lerma, Sergio Omar Ramos, por el delito de peculado.
Este delito, de acuerdo al artículo 261 del Código Penal, establece penas de hasta diez años de prisión al “ funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo…”
Por otra parte, desde la misma fiscalía, se “requirió ante el Juzgado de Garantías 5 la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a Matías Huergo, acusado del delito de administración fraudulenta, en grado de autor. A través de la investigación, se comprobó que Huergo aprovechó su condición de Director de Lusal y dispuso de fondos en beneficio personal y de Arcadio S.R.L”
LO QUE MATA
Antes de que estallase la pandemia mundial, fueron inocultables las muertes de niños en las comunidades del norte de la provincia. El diputado Ramón Villa sostuvo en la Cámara: “Acá mueren chicos, la corrupción mata”