Desde el 27 de enero de 2017, con las 57 puñaladas a Jimena Salas, dos asesinos amparados por una aceitada organización criminal demostraron su mortal poder e impunidad. Están libres. Ahora surgen imitadores y aspirantes al crimen organizado.
Por Dario Illanes
Tal vez algunos, engolosinados, deducen que en Salta – con algo de “inteligencia”, recursos y audacia – es relativamente sencillo delinquir y “zafar”. Entonces se animen incluso al secuestro extorsivo de un empresario. La noche del martes 30 de noviembre, vestidos con uniformes policiales, interceptaron el vehículo de Víctor Giménez (76 años, dueño de la empresa de transporte urbano de pasajeros “El Cóndor”), lo secuestraron y pidieron cinco millones de pesos para su liberación.
En este caso la víctima fue rescatada y los secuestradores detenidos. Parece que los delincuentes eran torpes, o fue altamente efectiva la acción policial y fiscal.
Este aparente éxito oficial fue un respiro luego del violento ataque contra el intendente de Morillo (Coronel Juan Solá), Atta Gerala. La madrugada del domingo 28 de noviembre, tres hombres encapuchados y armados asaltaron la casa del veterano jefe comunal. Tras castigarlo a él, a su esposa y un sereno, supuestamente se llevaron 16 millones de pesos y una camioneta 4×4.
Excepto el vehículo hallado horas después, incendiado, nada se sabe de los asaltantes. Como tampoco del origen o procedencia de la fortuna. Y menos la razón de que estuviese en esa vivienda. Eso sí, los intrusos estaban al tanto.
Dudoso suicidio
La impunidad consagrada con la masacre de Jimena alienta los peores crímenes. Interpelan al Estado y la sociedad. Colocan a la seguridad como cuestión primaria.
Por ejemplo, los asesinatos de Romina Isabel Zerda (37) y Jonatan Pablo Tolaba, cuyos cadáveres fueron hallados en el interior de una camioneta Fiat Strada, el lunes 11 de octubre a la madrugada, en la Circunvalación Oeste de la ciudad de Salta. La investigación llevó a la detención de Juan Brubosky, Ricardo Galarza y Kalil Chejolan.
Y al dudoso suicidio de Nicolás Ramos, el 2 de noviembre. En una apresurada y polémica conclusión, se dedujo que el joven acabó con su vida al saberse acorralado. El cadáver no fue resguardado, se demoró la autopsia y nuevamente (como en el caso Salas) desaparecieron pistas.
Convenientemente, los tres detenidos declararon que Ramos fue el asesino. Por una pelea de borrachos. Además de eludir responsabilidades, las sospechas de un crimen por encargo relacionado al narcotráfico (pastillas), como llegar a los jefes que lo ordenaron, se han evaporado.
El bidón de nafta
El 16 de noviembre, Ramiro Sagasta (44) conducía deportivamente su bicicleta en el camino a Lesser y murió quemado, rociado con combustible. No le robaron nada.
Un video lo muestra cargando el inflamable fluido en una estación de servicio. Extraña conducta para un ciclista. Por esta se desprendió una hipótesis de suicidio. Contradictoria con las supuestas palabras del hombre escuchadas por dos testigos: “me quemaron”.
Ramiro Sagasta era un profesional distante del crimen. Empero, su profesión ofrecería una pista. Ramiro trabajaba en la provisión de seguridad electrónica (cámaras de video y grabadoras de audio) para empresas y particulares. Por su trabajo, involuntariamente, estaba al tanto de información sensible.
La misteriosa, dantesca muerte, llevó al flamante procurador Pedro García Castiella a un rotundo cambio de perspectiva investigativa: ante una muerte violenta, sobre todo si parece un suicidio, fiscales y fiscalas estarán obligados a investigar como si fuese homicidio.
Debido a su experiencia, el penalista y actual jefe de fiscales y fiscalas sabe que los asesinos profesionales pueden disfrazar un homicidio como suicidio. Sea induciendo a la víctima a matarse; o matando, y montando la escena para que parezca muerte auto provocada.
ESTAN SUELTOS
Cuando el 26 de mayo de 2021, los jueces Francisco Mascarello, Federico Diez y Federico Armiñana Dohorman (Sala VII del Tribunal de Juicio) absolvieron por el principio de la duda al viudo de Jimena Salas y a un vendedor ambulante, se confirmó la desastrosa investigación inicial y la impunidad del brutal homicidio de una inocente mujer.
Ninguno de los absueltos estaba acusado de las 57 puñaladas, pero la fiscalía estaba convencida de que algo sabían, y hablarían. La realidad es que, desde aquel infausto 27 de enero de 2017, dos asesinos andan por ahí. Como la organización que ordenó esa muerte.